Montesquieu ha muerto, ¡que viva Montesquieu!

JOSÉ MIGUEL ALDUNATE H.

¿Por qué cinco personas por las que nadie votó y a las que nadie puede remover, tienen la facultad de decidir por todos nosotros? Es la pregunta que nadie se ha hecho, pero que subyace detrás de todo el desaguisado de las sentencias generales. Parece que Montesquieu ha muerto.

Siempre, claro, aparece en primer lugar la discusión sobre el sistema de salud, la eventual quiebra de las isapres y el consiguiente colapso de la salud pública. Y, ahora, que la ministra Vivanco ha echado un pie atrás, arreciará la indignación de los afiliados que esperaban la devolución de los excedentes prometidos.

“Lo que aquí ha ocurrido no es solo una crisis del sistema de salud; es una crisis institucional, de conflictos entre poderes del Estado”.

Es normal que así ocurra. Cuando la Corte Suprema desbarató la ley Ricarte Soto, la discusión se centró en las enfermedades de alto costo. Cuando hizo imposibles los desalojos de los terrenos usurpados, el debate gravitó hacia las tomas ilegales. Y cuando paraliza proyectos inmobiliarios o cierra centrales eléctricas, la cuestión se desplaza hacia la problemática medioambiental o urbanística.

Todas, por cierto, preocupaciones importantes y legítimas. Pero el problema de fondo es la intromisión de los ministros de la Corte Suprema, particularmente de la Tercera Sala, en cuestiones que son interés general y para las cuales tienen un severo déficit de legitimidad democrática.

Lo que aquí ha ocurrido no es solo una crisis del sistema de salud; es una crisis institucional, de conflictos entre poderes del Estado. Por eso, la Tercera Sala de la Corte Suprema no pudo elegir peor momento para usurpar las atribuciones del Poder Legislativo, que el inicio de un nuevo proceso de debate constitucional.

Precisamente, resuelta por la Comisión de Expertos la cuestión del gobierno judicial -satisfactoriamente, a mi juicio- la tarea que los consejeros tienen por delante es delimitar precisamente las funciones y atribuciones de los tribunales de justicia, dejando meridianamente claro qué corresponde al legislador, qué a la Corte Constitucional y qué al Poder Judicial.

Lo lógico es que tengamos un poder legislativo con atribuciones exclusivas para decidir con efectos generales, porque es el único que cuenta con los recursos técnicos para prever los efectos de sus decisiones, el único capaz de representar la pluralidad de visiones políticas e ideológicas del debate público, y el único que llega al poder y lo abandona según lo decida la voluntad democrática.

Es lógico, también, que tengamos una Corte Constitucional que tenga la última palabra en la interpretación de la Constitución y que no tenga que competir en sus atribuciones con la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Y, sobre todo, es lógico que tengamos una Corte Suprema a cargo de la unidad de la interpretación de la ley y que defienda la certeza jurídica. Ahí están, por cierto, los estudios de Alejandro Vergara sobre los zigzagueos de la jurisprudencia de la Tercera Sala. Pero, ¿alguien cree que la Corte está cumpliendo bien esta función? Parafraseando a Cervantes, basta con recordar que llevamos más de seis meses desvelándonos por desentrañarle el sentido a un fallo, que no se lo sacara el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello.

Seguramente, los ministros de la Corte Suprema quieren que este entuerto acabe pronto. Mucho me temo que recién comienza. ¡Qué viva Montesquieu!